25 octubre 2026
Entra en vigor el nuevo protocolo definitivo para prevenir y erradicar el acoso en los edificios municipales
La nueva normativa municipal establece un marco de actuación rápido y confidencial para proteger al personal público ante cualquier situación de acoso, garantizando así espacios de trabajo seguros y libres de discriminación.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado de manera definitiva la aprobación del nuevo procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento de situaciones de acoso moral, psicológico o conflictos interpersonales en el ámbito laboral de la administración local. Esta medida, que ya fue acordada por el pleno municipal a finales del mes de julio y que no ha recibido ninguna reclamación durante el periodo de exposición pública, se ha convertido en una norma firme desde este pasado viernes, 23 de octubre.
La aplicación de este documento tiene un impacto directo en el día a día de la ciudad, ya que regula las condiciones laborales y de convivencia de todo el personal que presta servicios a la ciudadanía, independientemente de su tipo de contrato. La normativa abarca la totalidad de las instalaciones públicas de la localidad. Esto incluye desde las oficinas centrales de la Casa Consistorial y la Oficina ATEN, hasta infraestructuras vitales para la vida diaria de los vecinos como el Mercado Municipal, la Central de la Policía Local, los Servicios Sociales del Raval y la plaza de la Mare de Déu, el Auditorio, o los diferentes pabellones y centros deportivos. Un entorno de trabajo seguro y libre de violencias para los empleados públicos se traduce, inevitablemente, en una mejor atención y calidad del servicio hacia los vecinos que acuden diariamente a estos centros.
El corazón de este nuevo reglamento es un decálogo de buenas prácticas que prohíbe de manera rotunda cualquier actitud discriminatoria, aislamiento, desprecio o asignación arbitraria de tareas. Se pone un énfasis especial en la tolerancia cero hacia la violencia de género, el acoso por orientación sexual y la LGTBIfobia, vetando explícitamente los comentarios denigrantes, los rumores o las burlas que puedan dañar la reputación personal o laboral de cualquier trabajador. Además, se regula que cualquier llamada de atención por cuestiones de rendimiento laboral se deberá realizar siempre en privado, evitando situaciones de humillación pública.
Para garantizar que estas normas no se queden en papel mojado, el documento establece un mecanismo de actuación rápido y altamente confidencial. Cualquier persona afectada, o un compañero que sea testigo de una situación irregular, puede activar el protocolo mediante una queja verbal o un formulario escrito a través de la sede electrónica, accesible directamente para el departamento de Recursos Humanos para preservar el anonimato.
A partir de la recepción de la denuncia, se abre un plazo máximo de diez días hábiles para realizar una primera valoración. Si se admite a trámite, la investigación recae sobre la nueva Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso (CITSA), un órgano formado por personal técnico de prevención de riesgos laborales, responsables de Recursos Humanos y representantes sindicales. Esta comisión dispone de quince días para recabar pruebas, realizar entrevistas a las partes y testigos, y emitir un informe vinculante.
En caso de confirmarse la existencia de acoso, se activará el régimen disciplinario correspondiente para sancionar a los responsables y proteger a la víctima, contemplando incluso la derivación del caso a la Fiscalía si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. Todo el procedimiento asegura la indemnidad de la persona denunciante, evitando cualquier tipo de represalia posterior por haber dado la voz de alarma.
Con la entrada en vigor de esta herramienta, la administración local se alinea con las directivas europeas y las leyes estatales de igualdad, consolidando una estructura preventiva fundamental para salvaguardar la salud mental y física de la plantilla que vertebra los servicios públicos de nuestra ciudad.
Cullera24 · 25 octubre 2026 · 14:09
La aplicación de este documento tiene un impacto directo en el día a día de la ciudad, ya que regula las condiciones laborales y de convivencia de todo el personal que presta servicios a la ciudadanía, independientemente de su tipo de contrato. La normativa abarca la totalidad de las instalaciones públicas de la localidad. Esto incluye desde las oficinas centrales de la Casa Consistorial y la Oficina ATEN, hasta infraestructuras vitales para la vida diaria de los vecinos como el Mercado Municipal, la Central de la Policía Local, los Servicios Sociales del Raval y la plaza de la Mare de Déu, el Auditorio, o los diferentes pabellones y centros deportivos. Un entorno de trabajo seguro y libre de violencias para los empleados públicos se traduce, inevitablemente, en una mejor atención y calidad del servicio hacia los vecinos que acuden diariamente a estos centros.
El corazón de este nuevo reglamento es un decálogo de buenas prácticas que prohíbe de manera rotunda cualquier actitud discriminatoria, aislamiento, desprecio o asignación arbitraria de tareas. Se pone un énfasis especial en la tolerancia cero hacia la violencia de género, el acoso por orientación sexual y la LGTBIfobia, vetando explícitamente los comentarios denigrantes, los rumores o las burlas que puedan dañar la reputación personal o laboral de cualquier trabajador. Además, se regula que cualquier llamada de atención por cuestiones de rendimiento laboral se deberá realizar siempre en privado, evitando situaciones de humillación pública.
Para garantizar que estas normas no se queden en papel mojado, el documento establece un mecanismo de actuación rápido y altamente confidencial. Cualquier persona afectada, o un compañero que sea testigo de una situación irregular, puede activar el protocolo mediante una queja verbal o un formulario escrito a través de la sede electrónica, accesible directamente para el departamento de Recursos Humanos para preservar el anonimato.
A partir de la recepción de la denuncia, se abre un plazo máximo de diez días hábiles para realizar una primera valoración. Si se admite a trámite, la investigación recae sobre la nueva Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso (CITSA), un órgano formado por personal técnico de prevención de riesgos laborales, responsables de Recursos Humanos y representantes sindicales. Esta comisión dispone de quince días para recabar pruebas, realizar entrevistas a las partes y testigos, y emitir un informe vinculante.
En caso de confirmarse la existencia de acoso, se activará el régimen disciplinario correspondiente para sancionar a los responsables y proteger a la víctima, contemplando incluso la derivación del caso a la Fiscalía si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. Todo el procedimiento asegura la indemnidad de la persona denunciante, evitando cualquier tipo de represalia posterior por haber dado la voz de alarma.
Con la entrada en vigor de esta herramienta, la administración local se alinea con las directivas europeas y las leyes estatales de igualdad, consolidando una estructura preventiva fundamental para salvaguardar la salud mental y física de la plantilla que vertebra los servicios públicos de nuestra ciudad.
Cullera24 · 25 octubre 2026 · 14:09