20 octubre 2026
Una vecina mayor recupera su apartamento destrozado tras casi tres años de litigio por impago
Tras años de paralización judicial, una vecina de 77 años recupera su inmueble en condiciones de insalubridad extrema. La familia emprenderá acciones penales por los daños ocasionados y el mobiliario desaparecido.
Fuente: El Cronista
Fuente: El Cronista
La pesadilla judicial y personal de una vecina de 77 años ha llegado a su fin, aunque con un desenlace amargo. Tras dos años y diez meses de procedimientos legales y esperas ininterrumpidas, esta jubilada ha conseguido recuperar el apartamento que tenía alquilado en la zona de la playa. El regreso a la propiedad, sin embargo, ha destapado un escenario de devastación absoluta que obligará a realizar una inversión económica considerable para volver a hacerlo habitable.
La historia comenzó cuando la propietaria, que trabajó durante medio siglo en el sector de la limpieza, decidió poner en alquiler su inmueble. El apartamento acababa de ser reformado íntegramente y se arrendó por quinientos euros mensuales. El objetivo de esta decisión no era la especulación, sino la necesidad de obtener unos ingresos adicionales para complementar su pensión y poder hacer frente a los gastos cotidianos, ya que mantener dos viviendas suponía una carga inasumible para su economía.
Sin embargo, la estabilidad duró poco. Al cuarto mes de contrato, la inquilina dejó de abonar las mensualidades. En un primer momento, la familia propietaria intentó buscar una salida amistosa, llegando incluso a perdonar la deuda económica a cambio de que la arrendataria abandonara la vivienda. Ante la negativa de esta a marcharse cuando finalizó el período de contrato estipulado, no quedó más remedio que recurrir a la vía judicial.
El proceso en los tribunales avanzó con relativa rapidez en su fase inicial. El juicio se celebró aproximadamente cinco meses después de iniciarse las actuaciones, y concluyó con una resolución favorable para la propietaria. El verdadero bloqueo se produjo durante la ejecución de la sentencia. La ocupante alegó una situación de vulnerabilidad, lo que paralizó el procedimiento y alargó la espera de forma indefinida. Durante cerca de tres años, la propietaria tuvo que hacer frente a los gastos fijos generados por la vivienda sin recibir ningún ingreso a cambio, sumando a ello la angustia de no poder disponer de su patrimonio.
El acceso definitivo al inmueble se materializó el pasado martes 13 de octubre. La comitiva, formada por la propietaria, sus representantes legales y la comisión judicial, tuvo que requerir los servicios de un cerrajero profesional para poder abrir la puerta principal. Esta intervención técnica se prolongó cerca de cuarenta minutos y supuso un gasto imprevisto superior a los trescientos cincuenta euros.
El interior de la vivienda presentaba un estado de abandono extremo. Los presentes constataron la acumulación generalizada de suciedad, presencia de excrementos de animales, la aparición de restos posiblemente vinculados al consumo de sustancias ilícitas y la desaparición de prácticamente todo el mobiliario nuevo que se había instalado antes de formalizar el alquiler. El estado de insalubridad es de tal magnitud que la familia ha tenido que contratar a una empresa especializada en desinfección. Los operarios deberán acceder con equipos de protección individual para vaciar completamente el piso y proceder a una higienización integral de las paredes y la estructura.
Ante estos hechos, los representantes legales de la propietaria ya preparan nuevas acciones por la vía penal por los cuantiosos daños ocasionados. Este caso pone de manifiesto la compleja realidad a la que se enfrentan muchos pequeños propietarios del municipio que destinan sus ahorros a la adquisición o reforma de apartamentos turísticos y residenciales para complementar sus rentas y que, ante situaciones de impago prolongado, sufren largos procesos que acaban afectando gravemente a su estabilidad patrimonial y emocional.
Cullera24 · 20 octubre 2026 · 12:18
La historia comenzó cuando la propietaria, que trabajó durante medio siglo en el sector de la limpieza, decidió poner en alquiler su inmueble. El apartamento acababa de ser reformado íntegramente y se arrendó por quinientos euros mensuales. El objetivo de esta decisión no era la especulación, sino la necesidad de obtener unos ingresos adicionales para complementar su pensión y poder hacer frente a los gastos cotidianos, ya que mantener dos viviendas suponía una carga inasumible para su economía.
Sin embargo, la estabilidad duró poco. Al cuarto mes de contrato, la inquilina dejó de abonar las mensualidades. En un primer momento, la familia propietaria intentó buscar una salida amistosa, llegando incluso a perdonar la deuda económica a cambio de que la arrendataria abandonara la vivienda. Ante la negativa de esta a marcharse cuando finalizó el período de contrato estipulado, no quedó más remedio que recurrir a la vía judicial.
El proceso en los tribunales avanzó con relativa rapidez en su fase inicial. El juicio se celebró aproximadamente cinco meses después de iniciarse las actuaciones, y concluyó con una resolución favorable para la propietaria. El verdadero bloqueo se produjo durante la ejecución de la sentencia. La ocupante alegó una situación de vulnerabilidad, lo que paralizó el procedimiento y alargó la espera de forma indefinida. Durante cerca de tres años, la propietaria tuvo que hacer frente a los gastos fijos generados por la vivienda sin recibir ningún ingreso a cambio, sumando a ello la angustia de no poder disponer de su patrimonio.
El acceso definitivo al inmueble se materializó el pasado martes 13 de octubre. La comitiva, formada por la propietaria, sus representantes legales y la comisión judicial, tuvo que requerir los servicios de un cerrajero profesional para poder abrir la puerta principal. Esta intervención técnica se prolongó cerca de cuarenta minutos y supuso un gasto imprevisto superior a los trescientos cincuenta euros.
El interior de la vivienda presentaba un estado de abandono extremo. Los presentes constataron la acumulación generalizada de suciedad, presencia de excrementos de animales, la aparición de restos posiblemente vinculados al consumo de sustancias ilícitas y la desaparición de prácticamente todo el mobiliario nuevo que se había instalado antes de formalizar el alquiler. El estado de insalubridad es de tal magnitud que la familia ha tenido que contratar a una empresa especializada en desinfección. Los operarios deberán acceder con equipos de protección individual para vaciar completamente el piso y proceder a una higienización integral de las paredes y la estructura.
Ante estos hechos, los representantes legales de la propietaria ya preparan nuevas acciones por la vía penal por los cuantiosos daños ocasionados. Este caso pone de manifiesto la compleja realidad a la que se enfrentan muchos pequeños propietarios del municipio que destinan sus ahorros a la adquisición o reforma de apartamentos turísticos y residenciales para complementar sus rentas y que, ante situaciones de impago prolongado, sufren largos procesos que acaban afectando gravemente a su estabilidad patrimonial y emocional.
Cullera24 · 20 octubre 2026 · 12:18