10 agosto 2026
Luz verde a la nueva normativa para frenar el abandono de viviendas y regular la intervención ante ocupaciones
El Ayuntamiento abre a exposición pública una nueva normativa que obliga a mantener y asegurar los inmuebles desocupados, establece protocolos de actuación rápida ante ocupaciones ilegales y fija multas de hasta 3.000 euros.
El Ayuntamiento ha iniciado la exposición pública de un nuevo marco normativo diseñado para poner orden en el mantenimiento del parque de viviendas y establecer mecanismos más claros de actuación ante situaciones de ocupación irregular. La nueva Ordenanza Reguladora de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles y de Medidas de Prevención contra la Ocupación Ilegal, que recibió el visto bueno inicial en la sesión plenaria del pasado 25 de junio, busca resolver problemáticas recurrentes que generan preocupación en los barrios, vinculadas a edificios en desuso, problemas de salubridad e inseguridad jurídica.
Esta reglamentación local se articula sobre dos ejes fundamentales que impactan directamente en la convivencia vecinal. Por un lado, refuerza las obligaciones de los propietarios a la hora de garantizar el buen estado de sus edificios, solares o construcciones, ya sean en suelo urbano o no urbano. Se exige el cumplimiento de unas condiciones óptimas de seguridad, salubridad y ornato público, con el objetivo primordial de evitar que la degradación estructural o la acumulación de suciedad acaben provocando molestias, la aparición de plagas o daños a los residentes de las propiedades colindantes.
Por otro lado, el texto municipal despliega un protocolo detallado de prevención y reacción rápida frente al acceso no autorizado a viviendas. A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, los titulares de inmuebles que permanezcan vacíos y sin un uso justificado durante más de un año ininterrumpido deberán incrementar las medidas de seguridad físicas. Estas pueden ir desde el cierre seguro de los accesos hasta la instalación de otros sistemas que dificulten la entrada. El nivel de exigencia será todavía más estricto para las entidades bancarias y los grandes tenedores —aquellas figuras que posean más de diez inmuebles—. La administración local quiere evitar así que las viviendas deshabitadas propiedad de fondos de inversión o bancos, que a menudo desatienden su mantenimiento, se conviertan en focos de degradación urbana o en un reclamo para la usurpación.
En materia de actuación ante una ocupación, la ordenanza clarifica el margen de maniobra de las fuerzas de seguridad (Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional). En caso de tener conocimiento de una entrada no autorizada, los agentes recopilarán de inmediato pruebas como documentación, empadronamiento, titularidad de los suministros básicos y testimonios del vecindario. El objetivo es determinar rápidamente si el inmueble ha llegado a constituirse o no como domicilio. Si, siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado, se constata que no existe morada, se procederá a la expulsión inmediata. Si la situación ya está consolidada, el propietario tendrá un mes como máximo para iniciar los trámites judiciales de desalojo, además de estar obligado a restablecer las medidas de seguridad una vez recuperado el inmueble.
El consistorio incluye en la norma un enfoque social muy marcado, garantizando una coordinación directa y mensual entre la inspección urbanística, la fuerzas de seguridad y los Servicios Sociales municipales. Cualquier intervención donde se detecte la presencia de menores de edad o personas en situación de extrema vulnerabilidad se derivará de manera automática a Servicios Sociales para buscar alternativas residenciales dignas antes de cualquier desalojo, priorizando siempre el respeto a los derechos fundamentales y la protección de las personas sin recursos. Además, el Ayuntamiento ofrecerá orientación y servicios de mediación comunitaria para buscar soluciones pacíficas en caso de conflicto.
El cumplimiento de este reglamento se asegurará mediante un régimen sancionador específico. Las infracciones leves, como la falta de decoro, comportarán multas de hasta 750 euros. Las faltas graves, como no asegurar las viviendas vacías o no comunicar las ocupaciones, ascenderán a 1.500 euros. Las infracciones muy graves —que incluyen la desobediencia, la generación de problemas de salud pública o impedir el acceso de la inspección municipal al inmueble— comportarán sanciones de hasta 3.000 euros.
La normativa, que también prevé la creación de un registro de propiedades abandonadas y abre la puerta a convenios con los titulares para dar un uso social a bienes de difícil explotación, estará en fase de exposición pública en la sede electrónica durante 30 días hábiles para la presentación de sugerencias. Si no se registran alegaciones, se elevará a definitiva automáticamente, dotando al municipio de una herramienta clave para proteger la convivencia y la calidad del entorno urbano.
Cullera24 · 10 agosto 2026 · 13:12
Esta reglamentación local se articula sobre dos ejes fundamentales que impactan directamente en la convivencia vecinal. Por un lado, refuerza las obligaciones de los propietarios a la hora de garantizar el buen estado de sus edificios, solares o construcciones, ya sean en suelo urbano o no urbano. Se exige el cumplimiento de unas condiciones óptimas de seguridad, salubridad y ornato público, con el objetivo primordial de evitar que la degradación estructural o la acumulación de suciedad acaben provocando molestias, la aparición de plagas o daños a los residentes de las propiedades colindantes.
Por otro lado, el texto municipal despliega un protocolo detallado de prevención y reacción rápida frente al acceso no autorizado a viviendas. A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, los titulares de inmuebles que permanezcan vacíos y sin un uso justificado durante más de un año ininterrumpido deberán incrementar las medidas de seguridad físicas. Estas pueden ir desde el cierre seguro de los accesos hasta la instalación de otros sistemas que dificulten la entrada. El nivel de exigencia será todavía más estricto para las entidades bancarias y los grandes tenedores —aquellas figuras que posean más de diez inmuebles—. La administración local quiere evitar así que las viviendas deshabitadas propiedad de fondos de inversión o bancos, que a menudo desatienden su mantenimiento, se conviertan en focos de degradación urbana o en un reclamo para la usurpación.
En materia de actuación ante una ocupación, la ordenanza clarifica el margen de maniobra de las fuerzas de seguridad (Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional). En caso de tener conocimiento de una entrada no autorizada, los agentes recopilarán de inmediato pruebas como documentación, empadronamiento, titularidad de los suministros básicos y testimonios del vecindario. El objetivo es determinar rápidamente si el inmueble ha llegado a constituirse o no como domicilio. Si, siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado, se constata que no existe morada, se procederá a la expulsión inmediata. Si la situación ya está consolidada, el propietario tendrá un mes como máximo para iniciar los trámites judiciales de desalojo, además de estar obligado a restablecer las medidas de seguridad una vez recuperado el inmueble.
El consistorio incluye en la norma un enfoque social muy marcado, garantizando una coordinación directa y mensual entre la inspección urbanística, la fuerzas de seguridad y los Servicios Sociales municipales. Cualquier intervención donde se detecte la presencia de menores de edad o personas en situación de extrema vulnerabilidad se derivará de manera automática a Servicios Sociales para buscar alternativas residenciales dignas antes de cualquier desalojo, priorizando siempre el respeto a los derechos fundamentales y la protección de las personas sin recursos. Además, el Ayuntamiento ofrecerá orientación y servicios de mediación comunitaria para buscar soluciones pacíficas en caso de conflicto.
El cumplimiento de este reglamento se asegurará mediante un régimen sancionador específico. Las infracciones leves, como la falta de decoro, comportarán multas de hasta 750 euros. Las faltas graves, como no asegurar las viviendas vacías o no comunicar las ocupaciones, ascenderán a 1.500 euros. Las infracciones muy graves —que incluyen la desobediencia, la generación de problemas de salud pública o impedir el acceso de la inspección municipal al inmueble— comportarán sanciones de hasta 3.000 euros.
La normativa, que también prevé la creación de un registro de propiedades abandonadas y abre la puerta a convenios con los titulares para dar un uso social a bienes de difícil explotación, estará en fase de exposición pública en la sede electrónica durante 30 días hábiles para la presentación de sugerencias. Si no se registran alegaciones, se elevará a definitiva automáticamente, dotando al municipio de una herramienta clave para proteger la convivencia y la calidad del entorno urbano.
Cullera24 · 10 agosto 2026 · 13:12