29 junio
2026
El Ayuntamiento aprueba la nueva ordenanza para frenar la ocupación ilegal y garantizar el mantenimiento de los inmuebles
La nueva normativa municipal exige a los propietarios, especialmente a los grandes tenedores, asegurar
las viviendas vacías, estableciendo un protocolo rápido de actuación policial combinado con protección
social esencial para las personas vulnerables.
El consistorio ha hecho
pública hoy la aprobación inicial de una de las normativas más destacadas para mejorar la convivencia
vecinal, la salubridad y la seguridad en nuestros barrios. Se trata de la nueva Ordenanza Reguladora de
Conservación y Mantenimiento de Inmuebles y de Medidas de Prevención contra la Ocupación Ilegal. Este
documento, que ya se encuentra publicado en el tablón de anuncios electrónico para su exposición
pública, nace con el doble objetivo de obligar a los propietarios a mantener sus casas y solares en
condiciones óptimas y, al mismo tiempo, establecer un protocolo claro y contundente para evitar la
ocupación no consentida de viviendas.
Uno de los puntos clave de la nueva normativa es la presión que se ejerce sobre los llamados grandes tenedores, tales como entidades bancarias o propietarios con más de diez inmuebles. A partir de ahora, cualquier vivienda o construcción que permanezca en situación de desuso durante más de doce meses deberá contar obligatoriamente con medidas de seguridad reforzadas, como el cierre seguro de los accesos. La administración local busca así poner fin a la imagen de edificios a medio construir o casas abandonadas que acaban convirtiéndose en focos de insalubridad, deterioro urbano o que facilitan la entrada de personas ajenas a la propiedad.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, la ordenanza define con precisión cómo deben actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto con la Policía Local. Si se detecta una ocupación reciente y, a través de diversas comprobaciones rápidas, se constata que el inmueble no ha llegado a constituirse como domicilio habitual de los ocupantes, los agentes podrán actuar de manera inmediata para proceder a la expulsión. Para determinar esta condición de domicilio, se verificarán factores como el empadronamiento, la titularidad de los suministros de luz y agua, o las declaraciones del vecindario. Si, por el contrario, el espacio ya es considerado legalmente un domicilio, la normativa obliga al propietario a iniciar las medidas judiciales de desalojo en un plazo máximo de un mes.
Lejos de centrarse exclusivamente en medidas punitivas o policiales, el texto normativo presta una atención fundamental a la realidad social del municipio. Se establece una coordinación permanente y mensual entre la policía, el departamento de urbanismo y los Servicios Sociales municipales para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad extrema. Se pondrá especial vigilancia en los casos donde se detecte la presencia de menores de edad. Antes de cualquier actuación que pueda generar situaciones de desamparo, una comisión de intervención social evaluará cada caso para diagnosticar las necesidades y ofrecer alternativas habitacionales dignas. Además, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un servicio de mediación y asesoramiento jurídico gratuito para intentar resolver los conflictos de manera pacífica entre propietarios y ocupantes.
Para garantizar la efectividad y el cumplimiento de estas normas, el consistorio incrementa su capacidad de control a través de la inspección municipal. Los técnicos podrán revisar el estado de los inmuebles y, en casos de peligro evidente para las personas o bienes donde no se localice al propietario, el Ayuntamiento podrá ejecutar las obras de mantenimiento de manera subsidiaria. En cuanto a las sanciones, la normativa prevé multas económicas estructuradas según la gravedad de la infracción: desde apercibimientos y multas de hasta 750 euros para las faltas leves, hasta sanciones de 3.000 euros para las consideradas muy graves. Dentro de esta última categoría se incluyen acciones como desatender una orden de ejecución municipal por problemas de salubridad, obstaculizar la labor de los servicios sociales o impedir el acceso a las inspecciones técnicas.
El documento aprobado recientemente por mayoría en sesión plenaria también refleja la participación ciudadana recogida durante la fase de consulta previa. Gracias a las aportaciones vecinales, se ha ajustado el texto para hacerlo más realista; por ejemplo, eliminando la exigencia de instalar alarmas conectadas directamente a la Policía Local, una medida que no tenía cabida en el actual marco legal español de seguridad privada.
Ahora, la ciudadanía dispone de un periodo de treinta días hábiles, desde su publicación, para presentar nuevas reclamaciones o sugerencias. Si no se presentan, la ordenanza quedará elevada a definitiva automáticamente, marcando un antes y un después en la gestión, cuidado y seguridad del parque inmobiliario de la ciudad.
Cullera24 · 29 junio 2026 · 12:35
Uno de los puntos clave de la nueva normativa es la presión que se ejerce sobre los llamados grandes tenedores, tales como entidades bancarias o propietarios con más de diez inmuebles. A partir de ahora, cualquier vivienda o construcción que permanezca en situación de desuso durante más de doce meses deberá contar obligatoriamente con medidas de seguridad reforzadas, como el cierre seguro de los accesos. La administración local busca así poner fin a la imagen de edificios a medio construir o casas abandonadas que acaban convirtiéndose en focos de insalubridad, deterioro urbano o que facilitan la entrada de personas ajenas a la propiedad.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, la ordenanza define con precisión cómo deben actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto con la Policía Local. Si se detecta una ocupación reciente y, a través de diversas comprobaciones rápidas, se constata que el inmueble no ha llegado a constituirse como domicilio habitual de los ocupantes, los agentes podrán actuar de manera inmediata para proceder a la expulsión. Para determinar esta condición de domicilio, se verificarán factores como el empadronamiento, la titularidad de los suministros de luz y agua, o las declaraciones del vecindario. Si, por el contrario, el espacio ya es considerado legalmente un domicilio, la normativa obliga al propietario a iniciar las medidas judiciales de desalojo en un plazo máximo de un mes.
Lejos de centrarse exclusivamente en medidas punitivas o policiales, el texto normativo presta una atención fundamental a la realidad social del municipio. Se establece una coordinación permanente y mensual entre la policía, el departamento de urbanismo y los Servicios Sociales municipales para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad extrema. Se pondrá especial vigilancia en los casos donde se detecte la presencia de menores de edad. Antes de cualquier actuación que pueda generar situaciones de desamparo, una comisión de intervención social evaluará cada caso para diagnosticar las necesidades y ofrecer alternativas habitacionales dignas. Además, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un servicio de mediación y asesoramiento jurídico gratuito para intentar resolver los conflictos de manera pacífica entre propietarios y ocupantes.
Para garantizar la efectividad y el cumplimiento de estas normas, el consistorio incrementa su capacidad de control a través de la inspección municipal. Los técnicos podrán revisar el estado de los inmuebles y, en casos de peligro evidente para las personas o bienes donde no se localice al propietario, el Ayuntamiento podrá ejecutar las obras de mantenimiento de manera subsidiaria. En cuanto a las sanciones, la normativa prevé multas económicas estructuradas según la gravedad de la infracción: desde apercibimientos y multas de hasta 750 euros para las faltas leves, hasta sanciones de 3.000 euros para las consideradas muy graves. Dentro de esta última categoría se incluyen acciones como desatender una orden de ejecución municipal por problemas de salubridad, obstaculizar la labor de los servicios sociales o impedir el acceso a las inspecciones técnicas.
El documento aprobado recientemente por mayoría en sesión plenaria también refleja la participación ciudadana recogida durante la fase de consulta previa. Gracias a las aportaciones vecinales, se ha ajustado el texto para hacerlo más realista; por ejemplo, eliminando la exigencia de instalar alarmas conectadas directamente a la Policía Local, una medida que no tenía cabida en el actual marco legal español de seguridad privada.
Ahora, la ciudadanía dispone de un periodo de treinta días hábiles, desde su publicación, para presentar nuevas reclamaciones o sugerencias. Si no se presentan, la ordenanza quedará elevada a definitiva automáticamente, marcando un antes y un después en la gestión, cuidado y seguridad del parque inmobiliario de la ciudad.
Cullera24 · 29 junio 2026 · 12:35