25 junio 2026
Luz verde a una nueva ordenanza para frenar el abandono de inmuebles y prevenir conflictos vecinales
La aprobación inicial de esta normativa busca crear un registro de viviendas vacías, exigir responsabilidades a los propietarios y anticiparse a problemas de insalubridad en los barrios, iniciando ahora un período abierto a alegaciones ciudadanas.
El pleno municipal ha dado el visto bueno inicial a la nueva Ordenanza Reguladora de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles y de Medidas de Prevención frente a la Ocupación Ilegal. Este nuevo marco normativo nace con el propósito de establecer un control más estricto sobre el parque de viviendas desocupadas, reforzar los deberes de los propietarios y evitar que la degradación de los edificios acabe generando problemas de seguridad, insalubridad o alteraciones de la convivencia en los diferentes barrios del municipio. Tras este primer trámite administrativo, el texto entra en fase de exposición pública, abriendo un período para que la ciudadanía, asociaciones y entidades locales puedan revisar el documento y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
El eje vertebrador de esta nueva reglamentación es la creación de un registro municipal de propiedades abandonadas. Esta herramienta censal pretende ser un mecanismo de monitoreo que permita a la administración local tener un mapa actualizado de las estructuras en situación de riesgo. Disponer de este inventario facilitará las intervenciones preventivas por parte de los servicios técnicos antes de que los edificios lleguen a un estado de ruina física o se conviertan en focos de atracción para ocupaciones no deseadas, un fenómeno que históricamente genera inquietud entre los vecinos de las zonas afectadas.
La normativa pone especial énfasis en el endurecimiento de las obligaciones de mantenimiento, dirigiéndose particularmente a aquellos grandes tenedores o personas jurídicas que mantienen propiedades vacías durante largos períodos sin ningún tipo de atención. Esta desatención suele derivar en desperfectos estructurales que acaban afectando a las fincas adyacentes y al espacio público. Asimismo, el texto no solo regula las viviendas terminadas, sino que incorpora medidas concretas para edificaciones paralizadas o estructuras a medio construir, consideradas tradicionalmente como puntos de alta vulnerabilidad por su potencial riesgo sanitario y de seguridad.
La necesidad de sistematizar la respuesta municipal queda reflejada en el volumen de trabajo técnico que generan estos inmuebles. Solo durante el pasado año 2025, el departamento de Urbanismo tuvo que tramitar alrededor de 150 órdenes de ejecución subsidiaria, abrir una decena de expedientes de declaración de ruina y realizar cerca de 20 intervenciones de carácter urgente en edificios con más de medio siglo de antigüedad. Estas cifras evidencian la carga administrativa y económica que supone la inacción de los propietarios privados para las arcas públicas y el día a día de la ciudad.
Para hacer frente a esta realidad de manera integral, la nueva ordenanza apuesta por una estrategia transversal que conecta las áreas de Urbanismo, Policía Local y Servicios Sociales. Esta coordinación busca agilizar los trámites burocráticos, pero también introducir una perspectiva humana y de asesoramiento. En este sentido, se habilitará un nuevo servicio de mediación y orientación jurídica, concebido para dar soporte tanto a los propietarios afectados como a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad habitacional severa.
A pesar de la voluntad de anticipación de esta normativa, el texto respeta escrupulosamente el marco legal superior estatal. La capacidad de intervención del consistorio se limitará a las competencias administrativas y preventivas, manteniéndose inalterable el precepto legal que exige una autorización judicial expresa para llevar a cabo cualquier tipo de desalojo.
La aprobación inicial de esta medida ha salido adelante con el voto favorable de los grupos que conforman el equipo de gobierno y de una parte de la oposición, evidenciendo un amplio consenso sobre la necesidad de regular esta problemática. Por su parte, el principal grupo de la oposición ha optado por la abstención en esta fase, a la espera de concluir el período de participación pública y poder incorporar posibles enmiendas antes de su aprobación definitiva, momento en el que la normativa entrará plenamente en vigor para transformar la gestión urbanística local.
Cullera24 · 25 junio 2026 · 19:26
El eje vertebrador de esta nueva reglamentación es la creación de un registro municipal de propiedades abandonadas. Esta herramienta censal pretende ser un mecanismo de monitoreo que permita a la administración local tener un mapa actualizado de las estructuras en situación de riesgo. Disponer de este inventario facilitará las intervenciones preventivas por parte de los servicios técnicos antes de que los edificios lleguen a un estado de ruina física o se conviertan en focos de atracción para ocupaciones no deseadas, un fenómeno que históricamente genera inquietud entre los vecinos de las zonas afectadas.
La normativa pone especial énfasis en el endurecimiento de las obligaciones de mantenimiento, dirigiéndose particularmente a aquellos grandes tenedores o personas jurídicas que mantienen propiedades vacías durante largos períodos sin ningún tipo de atención. Esta desatención suele derivar en desperfectos estructurales que acaban afectando a las fincas adyacentes y al espacio público. Asimismo, el texto no solo regula las viviendas terminadas, sino que incorpora medidas concretas para edificaciones paralizadas o estructuras a medio construir, consideradas tradicionalmente como puntos de alta vulnerabilidad por su potencial riesgo sanitario y de seguridad.
La necesidad de sistematizar la respuesta municipal queda reflejada en el volumen de trabajo técnico que generan estos inmuebles. Solo durante el pasado año 2025, el departamento de Urbanismo tuvo que tramitar alrededor de 150 órdenes de ejecución subsidiaria, abrir una decena de expedientes de declaración de ruina y realizar cerca de 20 intervenciones de carácter urgente en edificios con más de medio siglo de antigüedad. Estas cifras evidencian la carga administrativa y económica que supone la inacción de los propietarios privados para las arcas públicas y el día a día de la ciudad.
Para hacer frente a esta realidad de manera integral, la nueva ordenanza apuesta por una estrategia transversal que conecta las áreas de Urbanismo, Policía Local y Servicios Sociales. Esta coordinación busca agilizar los trámites burocráticos, pero también introducir una perspectiva humana y de asesoramiento. En este sentido, se habilitará un nuevo servicio de mediación y orientación jurídica, concebido para dar soporte tanto a los propietarios afectados como a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad habitacional severa.
A pesar de la voluntad de anticipación de esta normativa, el texto respeta escrupulosamente el marco legal superior estatal. La capacidad de intervención del consistorio se limitará a las competencias administrativas y preventivas, manteniéndose inalterable el precepto legal que exige una autorización judicial expresa para llevar a cabo cualquier tipo de desalojo.
La aprobación inicial de esta medida ha salido adelante con el voto favorable de los grupos que conforman el equipo de gobierno y de una parte de la oposición, evidenciendo un amplio consenso sobre la necesidad de regular esta problemática. Por su parte, el principal grupo de la oposición ha optado por la abstención en esta fase, a la espera de concluir el período de participación pública y poder incorporar posibles enmiendas antes de su aprobación definitiva, momento en el que la normativa entrará plenamente en vigor para transformar la gestión urbanística local.
Cullera24 · 25 junio 2026 · 19:26