Detenido un profesor por una presunta agreesión sexual a una alumna de cinco años

La Guardia Civil detuvo el lunes a un maestro como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una niña de cinco años. La investigación policial se abrió a raíz de la denuncia presentada por los padres de la víctima en el cuartel de la benemérita de la localidad. La familia formalizó el trámite penal tras escuchar el relato de la menor sobre una serie de tocamientos. El procedimiento judicial se enmarca dentro de la figura legal del prevalimiento. Este concepto se aplica cuando la persona investigada aprovecha una posición de superioridad o autoridad respecto a la víctima para cometer el acto. En el ámbito educativo, la jerarquía y la confianza que una niña de esta edad deposita en su maestro hacen innecesario el uso de la fuerza física o la intimidación verbal. Según el marco normativo derivado de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cualquier acto de carácter sexual sin consentimiento recibe la calificación jurídica de agresión sexual, categoría que ahora incluye los tocamientos y elimina la antigua distinción delictiva de los abusos. Tras prestar declaración en sede judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca ha decretado la libertad provisional para el docente investigado. El magistrado instructor ha impuesto diversas medidas cautelares para garantizar la protección de la víctima, entre las que destaca una orden de alejamiento y la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de comunicación con la menor durante el tiempo que dure la instrucción de la causa. El proceso penal requiere ahora la práctica de una prueba esencial: la exploración de la niña mediante el uso de la cámara Gesell. Este dispositivo físico consiste en una habitación dividida en dos espacios por un espejo unidireccional. En el interior de la sala, la menor interactúa exclusivamente con un profesional de la psicología en un entorno adaptado a su edad. Al otro lado del cristal, el equipo judicial formado por la jueza, el fiscal y los abogados observa y escucha la entrevista de manera oculta. Esta herramienta procesal permite registrar en vídeo el testimonio infantil y catalogarlo como prueba preconstituida. La obtención del relato bajo estas garantías legales da validez a la grabación para un hipotético juicio oral. El objetivo del sistema es evitar que la víctima tenga que acudir presencialmente a la vista judicial años después y repetir el relato ante el tribunal y el acusado. Este mecanismo legal busca proteger la salud mental de la niña y prevenir la llamada victimización secundaria. Dentro del ámbito administrativo, la dirección del centro educativo donde imparte clases el docente se mantiene a la espera de recibir las indicaciones del órgano judicial. De manera paralela a la vía penal, la Inspección Educativa dispone de protocolos de actuación que contemplan el apartamiento preventivo del personal investigado para garantizar la protección del alumnado hasta la resolución del expediente.